
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció una renovación institucional enfocada en mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la transparencia en la contratación y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar de niños, niñas, adolescentes y familias. La entidad también precisó los límites de participación de madres comunitarias y organizaciones sindicales en las decisiones administrativas.
El ICBF señaló que las decisiones administrativas, los procesos contractuales y la asignación de recursos deberán responder a criterios de legalidad, capacidad técnica, idoneidad y resultados. Según la entidad, el propósito es elevar los estándares de atención, prevenir posibles hechos de corrupción y exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de funcionarios, operadores y contratistas.
Frente al papel de las madres comunitarias y las organizaciones sindicales, el Instituto reconoció sus aportes al bienestar de la niñez y el derecho de los trabajadores a la representación colectiva. Sin embargo, aclaró que estos sectores no tienen competencia para administrar la entidad, seleccionar operadores, exigir la permanencia de determinados contratistas o intervenir en las decisiones de contratación, funciones que corresponden a las instancias institucionales autorizadas y deben desarrollarse conforme a la normativa vigente.
En respuesta a los cuestionamientos sobre la selección de operadores de otras regiones y los posibles cambios en la prestación de los servicios, el ICBF sostuvo que el lugar de procedencia de una organización no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Indicó que la evaluación debe basarse en la experiencia, la capacidad operativa, el cumplimiento de los requisitos legales y la calidad de la atención ofrecida a los beneficiarios.
La entidad también manifestó que las denuncias relacionadas con cambios de operadores o eventuales interrupciones en los servicios deben examinarse a partir de hechos concretos y verificables. En esos casos, aseguró que se deben adoptar las medidas necesarias para proteger la continuidad de la atención y garantizar el manejo transparente de los recursos públicos.
Finalmente, el ICBF reiteró que no habrá privilegios por antigüedad, vínculos personales o presiones externas en la selección de equipos de trabajo y operadores. Asimismo, expresó su disposición a atender inquietudes, revisar posibles irregularidades y sustentar sus decisiones ante las autoridades competentes. La entidad afirmó que el eje de la renovación será garantizar servicios con calidad, integridad y capacidad de respuesta para proteger los derechos de la niñez colombiana.
