El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el propósito de coordinar las acciones institucionales necesarias para rehabilitar esta infraestructura. La iniciativa permitiría importar gas desde Venezuela, aunque su entrada en operación dependerá de las reparaciones técnicas y de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
La decisión, anunciada por Ecopetrol el 4 de noviembre de 2026, asigna a la Vicepresidencia de la República la coordinación de las entidades que deberán participar en el proceso de recuperación. El gasoducto fue inaugurado en 2007, tiene 225 kilómetros de longitud, de los cuales 88 están en territorio colombiano y 137 en Venezuela, y conecta La Guajira con la región del lago de Maracaibo.
La reactivación de esta conexión busca ampliar las fuentes de abastecimiento de gas natural para Colombia y reducir la exposición del país a eventuales déficits de suministro. Según Ecopetrol, el transporte por gasoducto podría ofrecer condiciones de precio más competitivas frente a las importaciones marítimas de gas natural licuado (GNL), que requieren procesos de licuefacción en origen y regasificación al llegar al país, con costos asociados a esas operaciones.
De acuerdo con las cifras divulgadas por la petrolera, la infraestructura tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, volumen equivalente a cerca de la mitad del consumo nacional. Sin embargo, la primera fase del proyecto contempla importar 50 millones de pies cúbicos diarios desde Venezuela, aproximadamente el 5 % de la demanda diaria del país. Estas cantidades corresponden a la capacidad prevista y al volumen inicial proyectado, no a un suministro actualmente disponible.
El gasoducto permanece inactivo desde hace más de diez años y requiere trabajos de rehabilitación para recuperar sus condiciones operativas. Ecopetrol señaló que la iniciativa hace parte de su estrategia de seguridad energética y que la inclusión como PINE busca pasar de los anuncios de cooperación binacional a una fase de coordinación y ejecución de las intervenciones necesarias.
La compañía precisó que el proyecto deberá cumplir la legislación colombiana y los regímenes de sanciones aplicables. Por tanto, el inicio de las operaciones estará condicionado a la recuperación de la infraestructura y a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La inclusión en el listado de proyectos estratégicos representa un avance administrativo, pero todavía no garantiza la importación de gas ni define una fecha de entrada en funcionamiento.
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