
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jairo Antonio Muñoz Carvajal, alias “Tempo”, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en el lanzamiento de un artefacto explosivo contra una vivienda de Yopal, ocurrido el pasado 23 de agosto, en un hecho que habría estado relacionado con una exigencia extorsiva.
Según informó la Fiscalía, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare imputó a Muñoz Carvajal los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, estas últimas conductas agravadas. El procesado, de 33 años, no aceptó los cargos formulados en su contra.
La investigación estableció, de acuerdo con la Fiscalía, que el señalado habría integrado presuntamente el Frente 28 de las disidencias de las Farc y estaría relacionado con actividades de exigencia de dinero a habitantes de Yopal. En particular, las autoridades investigan su presunta participación en el ataque ocurrido el 23 de agosto contra una vivienda, cuya finalidad habría sido ejercer presión para obtener el pago de una extorsión.
La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional en el barrio Los Helechos de Yopal. En el procedimiento fueron encontrados una granada de fragmentación, panfletos y una bandera con escritos alusivos a las Farc, un proveedor, cartuchos de distintos calibres, un teléfono celular, un radio de comunicación y prendas de vestir camufladas, elementos que fueron incorporados a la investigación y quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Con base en los elementos presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías consideró procedente imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. Esta determinación no constituye una declaración de culpabilidad y será la justicia la encargada de establecer, mediante las etapas correspondientes, la responsabilidad penal del procesado frente a los hechos investigados.
La decisión judicial representa un avance en la investigación del atentado registrado en Yopal y en las acciones de las autoridades contra las estructuras señaladas de desarrollar actividades extorsivas en el departamento. La Fiscalía y la Policía mantienen las diligencias orientadas a esclarecer integralmente el caso y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos.
